Argentina «incumple seriamente» artículos clave de un acuerdo antisobornos alcanzado en 2014 con el Gobierno del país, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El organismo denunció «politización» y «falta de neutralidad» de la Fiscalía General de la República.
Con el título «Fase 3bis Informe sobre la Aplicación de la Convención Antisoborno de la OCDE en Argentina», el texto del proyecto de ley de responsabilidad penal corporativa entró en el Congreso argentino en octubre de 2016 pero aún no se ha aprobado.
De acuerdo con EFE, si sale adelante permitirá penalizar también a sociedades por corrupción y cuya sanción integraba el acuerdo entre las partes.
Al no haber sido aplicado, «Argentina todavía no puede responsabilizar a personas jurídicas por soborno extranjero -empresas extranjeras que incurren en cohecho en el país-, ni ejercer jurisdicción para procesar a sus ciudadanos que cometan este crimen en el extranjero», indica el texto del informe elaborado por esta organización con sede en París, Francia.
La organización valoró las medidas tomadas por el Gobierno actual para promover la Ley, como por ejemplo la promulgación del veto a funcionarios públicos por recibir sobornos.
El pasado 1 de marzo, la Oficina Anticorrupción argentina, que depende del poder ejecutivo, reclamó al Parlamento que apruebe esta ley, algo «fundamental» al ser requisito «indispensable» para incorporar al país a la OCDE.
