Argentina.- De acuerdo con una resolución emitida por una
corte de apelaciones de Argentina, de momento no existen pruebas para avanzar
en cargos formales contra la ex presidenta Cristina Fernández en una causa por
presunto lavado de dinero.
La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de Buenos
Aires al respaldar la decisión tomada en noviembre por el juez federal
Sebastián Casanello, quien sostuvo en un fallo que “no existe mérito suficiente
como para procesar o sobreseer” a la ex mandataria (2007-2015) y actual
senadora opositora en una investigación en la que era sospechosa de maniobras
ilegales en conjunto con un empresario de la construcción.
Sin embargo, si surgieran las pruebas que se requieren
quedaría nuevamente involucrada.
En ese sentido, la cámara ordenó al juez Casanello
profundizar la investigación. “Resulta ineludible para el señor juez de grado
agotar todas aquellas vías de investigación que la lógica indica… la
plataforma objetiva sobre la que se apoya la presente investigación aún se
encuentra incompleta y no permite efectuar un juicio de tipicidad acabado del
comportamiento de Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo la resolución.
La causa se originó a partir de un informe periodístico
de 2013 por el cual Lázaro Báez -dueño de una constructora y allegado a
Fernández y a su fallecido esposo y expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)-
había montado una estructura societaria y bancaria en el extranjero para sacar
del país dinero sucio por valor de entre 50 y 60 millones de dólares hacia
cuentas bancarias a nombre de sus hijos.
Báez había sido beneficiado con millonarios contratos de
obra pública por parte de los Kirchner. La fiscalía imputó a Fernández ser
socia de Báez y consideró que la operación financiera incluía que los fondos
públicos que recibía el empresario por la obra retornaran “a la familia
presidencial”.
Fernández, de 66 años, consideró la investigación una
persecución política orquestada por el actual presidente Mauricio Macri, el
mismo argumento que viene sosteniendo en las distintas causas judiciales que
afronta.
La ex mandataria está procesada en diez expedientes y con
pedido de detención en cinco, pero está protegida por fueros parlamentarios que
le otorgan inmunidad de arresto y sólo perdería ese beneficio con dos tercios
de los votos de los senadores, algo muy poco probable porque el peronismo
opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena
firme.
En círculos políticos se especula con la posible
candidatura de Fernández para las elecciones de octubre a partir de encuestas
que la muestran como la opositora con mejor intención de voto frente a Macri,
quien ha manifestado su voluntad de ser reelegido.
Sin embargo, el panorama judicial de la ex mandataria es
complicado. En mayo está previsto el comienzo del primer juicio por corrupción
que la afecta, en el que será juzgada por la supuesta asignación irregular de
obra pública al grupo empresarial encabezado por Báez en la sureña provincia de
Santa Cruz.
La víspera se conoció, en tanto, el procesamiento con
prisión preventiva de Fernández por presuntas irregularidades en la concesión
durante su gestión de subsidios a las empresas de transporte que explotaron el
servicio de autobuses y trenes.
