CIUDAD DEL VATICANO
El papa Francisco aprobó el jueves una ley innovadora que
ordena a todos los sacerdotes y monjas católicos de todo el mundo reportar a
las autoridades eclesiásticas todos los abusos sexuales del clero y los
intentos de cubrir estos hechos por parte de sus superiores, en un nuevo
esfuerzo para exigir responsabilidades a la jerarquía católica por no proteger
a sus fieles.
La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la
denuncia y ordena a todas las diócesis que introduzcan un sistema para recibir
las denuncias de forma confidencial. También establece procedimientos para
hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, cardenal o
superior religioso.
Se trata de una nueva iniciativa de Francisco para
responder al estallido global de escándalos por abusos sexuales e intentos de
cubrirlos, que ha devastado la credibilidad de la cúpula de la Iglesia católica
y de su propio pontificado. La medida ofrece un nuevo marco legal para los
obispos estadounidenses, que se preparan para introducir medidas de control el
mes que viene en respuesta al escándalo en su país.
Hemos dicho durante años que los sacerdotes deben
atenerse a ciertas normas estrictas, así que ¿por qué no iban a hacer lo mismo
los obispos y otros en la jerarquía?», dijo el cardenal Marc Ouellet,
responsable de la oficina vaticana para obispos. «No es solo una ley, sino
una responsabilidad profunda».
La ley convierte a los 415,000 sacerdotes católicos y
660,000 religiosas del mundo en informantes obligados. Eso implica que se les
exige informar a las autoridades eclesiásticas cuando sepan o tengan
«motivos bien fundados para creer» que un clérigo o hermana ha
cometido abusos sexuales a un menor, ha entablado relaciones sexuales indebidas
con un adulto, posee pornografía infantil o es un superior que ha ocultado
cualquiera de esos delitos.
La ley no requiere reportarlos a la policía. El Vaticano
lleva tiempo alegando que hacerlo solo pondría en peligro a la Iglesia en zonas
donde los católicos son una minoría perseguida. Sin embargo, sí especifica por
primera vez en una norma universal para la institución que deben cumplir con
los requisitos legales sobre denuncias del lugar donde viven, y que su
obligación de reportar a la iglesia no interfiere con eso.
Si se aplica en su totalidad, el Vaticano podría ver un
alud de denuncias de abusos y ocultaciones en los próximos años. Como la ley no
es de naturaleza penal se puede aplicar de forma retroactiva, de modo que
sacerdotes y monjas están obligados ahora a reportar incluso casos antiguos de
abusos y encubrimiento, con protecciones como informantes por hacerlo.
Hasta ahora, la decisión sobre si denunciar estos casos
se dejaba a la conciencia de sacerdotes y monjas. Ahora es una ley de la
Iglesia. No hay medidas punitivas previstas para los que la incumplan, del
mismo modo que no hay sanciones contempladas para diócesis que no la acaten,
pero obispos y superiores religiosos podrían ser acusados de encubrimiento o
negligencia si no aplican las normas o toman represalias contra religiosos que
hagan denuncias.
