Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
A continuación, presentaremos una historia cercana de omisiones, negligencias o hasta complicidades
donde participan profesionales del derecho, que se repite a diario y que
simboliza un contrasentido a la obligación pública de brindar seguridad y
tranquilidad jurídica a los sonorenses.
En ésta, intervienen vinculados un par de abogados (Erika y César Augusto Morales, padre e hija), así como la notaría número
39, a cargo del conocido fedatario Luis
Rubén Montes de Oca Mena.
El tema es un tanto ordinario y particular, aunque por lo
mismo ejemplificativo de la indefensión y recurrentes injusticias a las que se
enfrenta un ciudadano común que recurre a un abogado y/o a un notario público
para dar formalidad a una operación –es el caso- de compraventa.
Vamos a reproducir algunos fragmentos de la queja-denuncia,
entregada y recibida, que ya investiga contra esta notaría Montes de Oca, la
directora general de Notarías, María Inés Aragón Salcido:
En
la Notaría, confirmaron que ahí se encontraba el expediente y proporcionaron a
mi cónyuge el número correspondiente: 204-2015. Además, mostraron total
disposición de concluir el trámite y contactar a la abogada Morales para tales
efectos.
Aproximadamente
en Junio de 2016, la Notaría Montes de Oca intentó eludir la responsabilidad
que les corresponde, y nos informó -por vez primera y luego de más de un año-
que el avalúo había vencido y que otros impuestos –tampoco especificados-
habían aumentado, por lo que no podían reactivar el proceso de escrituración,
lo que fue algo nuevo para nosotros.
Pese
a esta situación, la notaría se comprometió nuevamente a contactar a la
licenciada Morales para «presionarla» y obligarla a cubrir el monto
necesario para concluir la escrituración del inmueble que adquirimos a nombre
de mi esposa. De nuevo, la compradora confío en la disposición y supuesta
seriedad de la Notaría.
A
inicios de este 2017, la recepcionista de la notaría 39, Lilian del Carmen
Ibarra Casillas también fue enterada de la situación y confirmó recientes
encuentros entre el notario Luis Rubén Montes de Oca y el licenciado César
Augusto Morales, padre de Erika, quien ante la inexplicable desaparición de su
hija, asumió el compromiso de reactivar y dar curso al trámite de escrituración
del inmueble que adquirimos a nombre de mi esposa, no sin antes culpar a la
Notaría de los retrasos de dicho trámite.
Frente
a esta situación, la compradora exigió a la Notaría (a través de Lilian del
Carmen) no se entregara la documentación del caso al licenciado o a la
licenciada Morales, quien intentó sustraer –el licenciado César Augusto- el
expediente luego de no llegar a un acuerdo con el notario (según narró la
propia Lilian). Incluso, a mediados de marzo del año en curso Lilian se
comunicó vía telefónica con mi esposa para informarle que tenía instrucciones
del notario de entregar el expediente.
Esto,
luego de dos años de tenerlo en su poder sin avisar a la interesada y
consintiendo los vencimientos e incrementos antes mencionados y que ahora
afectan a la parte compradora.
La
compradora quiere dejar constancia que el expediente número 204-2015 se
encuentra aún en la notaría Montes de Oca, y que ésta será la instancia
responsable en caso de que el documento desaparezca o sea entregado a quienes
consideramos han fraudeado a la compradora, así como que ésta, sólo pide sea
culminado el trámite de escrituración bajo las condiciones originales.
Este calvario legal inició el 27 de marzo del lejano 2015.
Lo que prevalece con este expediente se llama fraude, en perjuicio únicamente de la señalada compradora –que
en la Notaría y en la dirección de Notarías ubican perfectamente-, y en donde
participa o está involucrada la Notaría 39 de Luis Rubén Montes de Oca.
¿Quién o cómo podrán garantizar que no hay colusión entre
los abogados Morales y el personal enterado y encargado de darle seguimiento a
este caso dentro de la notaría Montes de Oca?
Es decir, ¿cualquier abogado ingresa a una Notaría
determinado expediente, lo abandona, no realiza pagos –a pesar de ya haber
cobrado-, no presenta la documentación requerida… ¡y en la Notaría sólo están
limitados a intentar cobrar al afectado el encarecimiento permitido por ellos
mismos!?
¿No se tratará de alguna ancestral y acabada forma de desfalco notariado, consintiendo
generosamente que el respectivo Fedatario no esté enterado?
La directora general de Notarías está obligada a auditar
los métodos o protocolos de actuación a los que se obliga todo notario público,
con es el caso de Luis Rubén Montes de Oca.
¿Cómo es posible o permisible que la Notaría que se
refiere, pueda “adueñarse” de
documentos patrimoniales de un ciudadano sin mediar o considerar la posterior
afectación –incluso- económica del interesado?
¿No está obligados, los notarios, a prever esta situación
con un correcto y escrupuloso manejo de cada expediente que se exceda de cierto
tiempo en poder de alguna Notaría?
¿Por qué de la Notaría no avisaron a la compradora lo que
estaba ocurriendo y la advirtieron de los riesgos inminentes, y esperaron a que
fuera ésta quien recurriera a ellos para conocer el estado inactivo de su
trámite de escrituración?
Es grave y puede ser revelador lo que se descubre.
Vamos a esperar la puntual respuesta de la Notaría, en
los mismos términos, con la misma puntualidad y formalidad en que se le
formularon estas legitimas dudas.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo@masmedio.com
Twitter:
@masmedio
