Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
La tendencia de la actual Legislatura local, la LXI, es
de atención retórica a temas del momento y la de aportaciones inaplicables a
necesidades y carencias históricas, que terminan en demagogia que complican aún
más la solución.
Hay, claro, significativas excepciones como las de
Epifanio Salido Pavlovich o Luis Serrato Castell.
Coordinadores que protegen lo que representan, son
institucionales y mantienen liderazgo en base a resultados políticos y
productividad legislativa.
Pero a estos honrosos perfiles se impone una mayoría de diputados
que dedican sus esporádicas apariciones a temas de otra competencia, en imitación
a la narrativa partidista-gubernamental o como obligada postura antagonista.
Los que maquilan propuestas sin modo, pero a la moda.
Si en la escena nacional la cúpula del PRI posiciona que
deben desaparecer pluris y cancelar
financiamiento a partidos, aquí Omar Guillén Partida practica la cantaleta como
si fuera novedad y hasta se emociona en espera de aplausos.
Si un alcalde opositor protesta por un trato desigual de
la autoridad estatal o federal, el Grupo Parlamentario del PAN acude en auxilio
con exhortos y condenas desde tribuna, en sesión formal del Congreso.
Si ocurre una tragedia como la del sismo, todos se unen
al lamento, discuten las causas y, luego, reparten culpas.
Y así.
Ayer, Moisés Gómez Reyna presentó un exhortó a los
titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General del
Transporte, a realizar gestiones para concientizar tanto a usuarios como a
conductores de Uber y taxi, para generar soluciones que
aboguen por la seguridad de ambas partes.
La idea –indudablemente oportuna y necesaria- es detectar
y prevenir actos de violencia durante los traslados.
Propone la posibilidad de contar con herramientas como el
botón de pánico y de poder compartir
con mayor facilidad la ruta de tu viaje con personas de tu confianza, mediante
el uso de la propia tecnología que permite el funcionamiento de la aplicación.
“Nos enfrentamos
con una nueva manera en la cual podemos utilizar las herramientas tecnológicas
requeridas, en las cuales se ocupa activar todas las mejoras que permitan
denunciar la comisión de un delito desde el primer momento, o recuperar objetos
perdidos, es un esfuerzo que debe realizase a la brevedad y esperamos una
respuesta positiva al respecto por parte de las autoridades competentes”.
El problema es que esta buena intención no tiene modo de
que se llegue a cumplir.
La Fiscalía General no se distraería en un simple exhorto
y la dirección del Transporte es tan inoperante, que Luis Iribe Murrieta espera
sentado que Uber le entregue un
padrón de socios.
Botón de pánico, coordinación para eficientar la
tecnología disponible de la aplicación y supervisión de la Fiscalía… una utopía
que solo suena bonito.
Por otra parte, el boxeador José Luis Castillo presentó
una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Sonora para garantizar
internet gratuito en todas las escuelas públicas de la entidad.
El ex deportista mencionó que además del derecho de toda
persona a recibir educación, como lo establece el artículo tercero de la
Constitución, de igual manera debe fomentarse el uso de todos los recursos
tecnológicos y didácticos disponibles.
Este improvisado legislador, propone establecer la
obligatoriedad del Estado ¡pero no dice cómo, ni cuándo o cuánto costaría esta
ocurrencia a la Secretaría de Educación!
¿En qué dispositivos aprovecharían el Internet de calidad que proyecta? ¿Sabrá
el diputado dónde terminan las laptop de Micompu.mx?
Tampoco informa si socializó esta propuesta con el
secretario Ernesto De Lucas, quien le habría sugerido –ahora sí con toda razón-
no estorbar con iniciativas para la foto, que no atienden las necesidades
básicas de los planteles.
Son iniciativas ocasionales, para la anécdota legislativa.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo@masmedio.com
Twitter: @masmedio
